Llamativo titular.
Para quienes nos preocupa la enseñanza y la integración del niño en un entorno lo más normal y cotidiano posible, asegurándole todas las ayudas para su formación, no deja de ser por lo menos chocante el que esos padres nieguen a su hijo el asesoramiento de profesionales que quizás en estos cuatro años hubieran conseguido que el niño, autista, al parecer con un alto grado de retraso y necesitado de esa especial atención profesional, hubiera tenido ya la opción de integrarse en un centro educativo llamémosle normal.
Dado que la enseñanza en un centro especial es mucho más individualizada, especializada y adecuada a las características del alumno (y más cara, todo hay que decirlo) queda poco claro el trasfondo de la actitud de esos padres: ¿están marginando, desechando, a los posibles compañeros de su hijo en ese centro especial? ¿están pensando en segregar porque, supuestamente, pìensan que estar con otros niños de educación especial podría perjudicarle? Un año tras otro le han hecho las pruebas y dictaminado la necesidad de ese niño de asistir a un centro de este tipo... Realmente no puedo comprenderlo. Tras años colaborando en un centro de integración en el que al menos dos niños especiales por aula convivían con los demás, sé positivamente el esfuerzo que para el tutor-a supone la adaptación del conjunto de la clase a sus necesidades. La integración suponía (hablo de los primeros años de la LOGSE) hacer muchos cambalaches en el aula para que todos los alumnos salieran beneficiados: niños con hiperactividad, problemas familiares, down... convivían y participaban de la actividad común, recibiendo aparte de su clase, de otros profesionales, aquella atencíón que necesitara. Si el niño, por sus necesidades educativas, va a estar más tiempo fuera que en su clase ¿dónde está el beneficio para él?No sé, pero hay veces que no llego a entender algunas actitudes (¿o hemos de llamarlas cabezonería?).
La noticia es la siguiente:
Un niño autista lleva cuatro años sin escolarizar por una batalla judicial
El Constitucional decidirá si el menor debe recibir la educación especial dictada por la Junta de Castilla y León.
Los padres pelean por una enseñanza inclusiva.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/29/actualidad/1367261686_954598.html